Hoy hemos sabido que Urbaser ha presentado en el ayuntamiento la liquidación correspondiente a la rescisión unilateral de su contrato, con un saldo a su favor de 10.210.825 euros.
En su escrito Urbaser explica detalladamente a qué corresponden estas cantidades, entre las que destacan, la amortización pendiente del dinero que entrego al ayuntamiento en el año 2007, que asciende a 2.217.000 euros, y la amortización del dinero que entrego en la reciente renovación del año 2009 por importe de 6.448.000 euros.
A esta abultada cantidad habrá que añadir la que en su día los tribunales de justicia estimen que le corresponde a Urbaser por el "lucro cesante". Es decir, al ayuntamiento le podría costar "el cabreo de la alcaldesa" entorno a los 12 millones de euros.
La rescisión del contrato se produce por la incapacidad de la alcaldesa para gestionar la relación contractual con Urbaser, ya que a finales del año 2009 se le renovó el contrato hasta el año 2032 a cambio de más de 6 millones de euros, en una condiciones, tal y como denunciamos desde el Grupo Municipal Socialista, muy perjudiciales para el ayuntamiento. Ante la insostenibilidad económica de aquel contrato, la alcaldesa, que lo aprobó en su día, decidió rescindirlo unilateralmente en vez de negociar condiciones más ventajosas, sin tener en cuenta las consecuencias perniciosas de la rescisión unilateral de un contrato.
La alcaldesa ha ocultado los verdaderos motivos de la rescisión del contrato para no tener que reconocer que en el año 2009 "metió la pata aprobando la renovación", y para no dar la razón a la Oposición, que entonces criticó duramente aquella decisión.
El gobierno local ha demostrado que no está preparado para gestionar los intereses del ayuntamiento y que sus decisiones están perjudicando a las personas y familias de Totana. Por su parte, la alcaldesa, tiene que explicar claramente si piensa pagar el dinero que le reclama Urbaser o hará lo que sus compañeros Morales y Andreo, dejar la deuda a futuras corporaciones.
El Grupo Municipal Socialista no va a permitir que la negligencia de unos gobernantes incapaces siga agravando la situación económica del ayuntamiento y perjudicando los intereses de los totaneros. Y, dado que no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política, les pedirá cuando llegue el momento responsabilidades ante los tribunales de justicia por la mala administración en que puedan haber incurrido.
